En una reciente revelación que ha generado gran controversia, Zachary Voorhees, ex empleado de Google, ha declarado al grupo de investigación Project Veritas que posee pruebas de que Google suprime activamente voces conservadoras y cristianas.
Voorhees afirma que durante su tiempo en Google encontró documentos que revelan que la empresa mantiene una lista negra de sitios web conservadores como los de Glenn Beck y Rush Limbaugh, así como sitios cristianos. Según él, Google estaba tratando de esculpir el panorama de la información para crear su propia versión de la verdad objetiva.
Glenn Beck, un conocido presentador de radio, ha confirmado que está en conversaciones con Google acerca de estar en la lista negra y quiere emitir una advertencia al respecto. Beck compara esta práctica con tácticas empleadas en China, señalando la despersonalización de individuos cuyas voces son suprimidas. Voorhees ha entregado cerca de 1,000 documentos al Departamento de Justicia de EE.UU., específicamente a la División Antimonopolio, como evidencia de esta manipulación. A pesar de esto, el Departamento ha declinado hacer comentarios al respecto.
En diciembre pasado, el CEO de Google declaró ante el Congreso que la empresa no intenta influir en el comportamiento político, afirmando que Google opera sin sesgos políticos. Sin embargo, Voorhees contradice esta afirmación, argumentando que Google posee listas negras y tiene un claro sesgo político, lo que considera hipócrita y posiblemente perjurio.
Si bien la tecnología Cognify promete un enfoque novedoso para la rehabilitación criminal, también plantea serias preocupaciones éticas. Existe el riesgo de que gobiernos autoritarios puedan usar esta tecnología para manipular y reprogramar a sus ciudadanos, eliminando la disidencia y controlando el pensamiento de la población.
El video de presentación de Cognify sugiere que esta tecnología podría utilizarse para tratar actitudes de odio y discriminación, lo cual ya está generando un intenso debate. En muchos países, los conceptos de delitos de odio y discriminación se están manipulando para ilegalizar críticas y resistencias a las agendas gubernamentales.
Hasen Al-Ghaili explica que la IA podría recopilar grandes cantidades de datos de los reclusos y personalizar el tratamiento químico y neurológico para cada individuo, cambiando su comportamiento y previniendo futuros delitos. Sin embargo, la posibilidad de usar esta tecnología en personas que no se alinean con las agendas corporativas o gubernamentales es un temor latente.
Robert Epstein, ex editor de Psychology Today, ha estudiado a Google desde 2016 y expresó su preocupación por el impacto potencial en las elecciones de 2020. En junio, Epstein informó al Congreso que los resultados de búsqueda de Google en 2016 estaban significativamente sesgados a favor de Hillary Clinton. A pesar de apoyar a Clinton, Epstein no apoya los resultados de búsqueda sesgados y su investigación indica que pueden influir en las preferencias de voto de los votantes indecisos en un 20% o más. Epstein advierte que, en 2020, las empresas tecnológicas con inclinaciones izquierdistas como Google, Facebook y Twitter podrían utilizar métodos subliminales e invisibles para influir en las elecciones.
Epstein está pidiendo al Congreso que inicie un monitoreo a gran escala de los resultados de búsqueda para prevenir una influencia injusta en las elecciones. Voorhees espera que el Departamento de Justicia investigue seriamente a Google y su posible supresión de ciertas voces.
Te invitamos a ver el video completo sobre este tema para obtener más detalles y comprender mejor las implicaciones de estas revelaciones. No olvides suscribirte a nuestra web para recibir actualizaciones y colaborar con el mantenimiento de nuestro sitio. Tu apoyo es crucial para continuar con nuestras investigaciones y mantenerte informado sobre temas tan importantes como este.
Este colectivo ha emergido como una fuerza combativa contra la zona de emisiones ultra bajas denominada ULEG (Ultra Low Emission Zone). Este plan, implementado con el objetivo de reducir la contaminación del aire en la capital británica, ha desencadenado un profundo debate sobre la justicia económica, la libertad individual y la privacidad.
La ULEG fue establecida por el alcalde de Londres, Sadiq Khan, y lanzada oficialmente el 8 de abril de 2019. Su propósito principal es disminuir la polución del aire, cobrando una tarifa diaria a los vehículos que no cumplen con los estándares de emisiones más recientes para ingresar a ciertas áreas de la ciudad. Los defensores de la ULEG argumentan que esta medida es crucial para mejorar la calidad del aire, reducir enfermedades respiratorias y combatir el cambio climático. Sin embargo, la implementación de la ULEG no ha estado exenta de críticas.
Los opositores, entre ellos los Black Runners, sostienen que esta política impone una carga financiera desproporcionada sobre los conductores de vehículos más antiguos y menos eficientes, quienes generalmente son personas de menores ingresos. Además, argumentan que la ULEG es una manifestación del creciente control gubernamental sobre la vida privada de los ciudadanos. Los Black Runners han llevado a cabo una serie de acciones directas para sabotear la infraestructura de la ULEG, incluyendo cortar cables, desactivar cámaras y destruir equipos de monitoreo.
Hasta la fecha, han dañado cientos de cámaras de la ULEG, causando millones de libras en reparaciones y pérdidas para las autoridades locales. Estas acciones han sido tanto condenadas como alabadas por diferentes sectores de la sociedad. Mientras las autoridades describen estos actos como vandalismo y sabotaje, muchos ciudadanos ven a los Black Runners como defensores de la libertad individual y la justicia económica.
La polémica en torno a los Black Runners se intensificó cuando dos niños resultaron heridos en un accidente automovilístico después de que miembros del grupo cortaran semáforos para destruir las cámaras de la ULEG. El accidente ocurrió en el sur de Londres, cuando cinco semáforos y cámaras fueron destruidos, resultando en una colisión que dejó a seis personas heridas, incluidos dos niños.
Los defensores de los Black Runners argumentan que la ULEG es una medida elitista que castiga a los más vulnerables, señalando que muchas personas no pueden permitirse actualizar sus vehículos para cumplir con los nuevos estándares de emisiones. Critican la falta de alternativas viables y asequibles en el transporte público, que sólo aquellos con dinero pueden acceder al transporte privado mientras los demás deben soportar las limitaciones impuestas.
Uno de los aspectos más controvertidos de la ULEG es el uso de cámaras de vigilancia para monitorear y hacer cumplir las normas de emisiones. Los críticos argumentan que este sistema es una invasión a la privacidad y un paso hacia un estado de vigilancia. Comparan la ULEG con otras formas de control gubernamental implementadas en otras partes del mundo, que utilizan sistemas de vigilancia similares.
Los Black Runners consideran que las cámaras de vigilancia son una herramienta de control estatal que socava las libertades individuales. Su resistencia no solo se dirige contra la ULEG, sino también contra lo que perciben como una tendencia cada vez más amplia hacia la monitorización y el control de los ciudadanos. Esta resistencia puede compararse con otros movimientos que se oponen a medidas gubernamentales invasivas, como el movimiento de los chalecos amarillos en Francia.
Somos una organización sin fines de lucro que no pertenece a ningún dogma, religión o partido político. Somos 100% independientes.
Queremos alcanzar la masa crítica necesaria para quebrar este sistema perverso de esclavitud y muerte a todos los niveles.
Sabemos que no es una tarea sencilla pero la unión hace la fuerza, la fuerza hace a la voluntad y con voluntad y fuerza se hace lo que se desea en mente y corazón y así podremos manifestar nuestra realidad. Nur para todos.
